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Un problema de Derechos Humanos Por Sergio Sorín*
Se llama big data al análisis de gigantescas bases de datos para determinar una probabilidad. Su utilidad depende de la capacidad de pensar modelos que puedan inferir probabilidades, trazar tendencias. La historia de la civilización es también el registro de acciones y percepciones. Desde hace décadas todos formamos parte de grupos sociales particulares que comparten, producen y consumen en internet. Actualmente estamos muy cerca de que toda la comunicación no encriptada pueda registrarse y analizarse casi inmediatamente. ¿Cómo se acumula big data? Hay varias formas. En primer lugar por medio de API (sistemas que sirven de acceso a datos en bruto de un servicio web) que hoy son la principal herramienta de uso libre para hacer big data. Cada vez más, hackers, investigadores o periodistas de todo el mundo, pero también empresas y Estados indagan en estos servicios para conocer más de la sociedad. Un ejemplo: para las protestas del 8N contra el gobierno de CFK, el colectivo HHBA realizó una aplicación que capturaba en tiempo real miles de tuits con el hashtag #8N. La visualización permitió ver en tiempo real que la protesta se tuiteaba desde ciudades y sobre todo en los barrios de alto poder adquisitivo. Si esto pudo hacerse sin recursos, ¿qué pueden hacer quienes cuentan con ellos? La segunda forma para capturar datos es la de las empresas e instituciones de administración y análisis estadístico. En la actualidad, la iniciativa de Agenda Digital de la Jefatura de Gabinete de Ministros discute en sus foros abiertos cuestiones como la “interoperabilidad”, clave para que las bases de datos puedan interactuar entre sí. Pero son las empresas e industrias las que impulsan hoy el big data porque saben que esta tecnología les provee un servicio vital para competir. Mientras los Estados de la Unasur se alarman por la dimensión del espionaje global revelado por Wikileaks y Edward Snowden, la industria se da una panzada sobre todo gracias al renunciamiento automático de derechos que hacemos al consumir un producto por internet alojado en un servidor fuera del país. Cada vez que usamos homebanking, Hotmail, Yahoo, Twitter, Facebook, etcétera aceptamos toda o parte de la legislación vigente en otros países como EE.UU., donde espiar internet es legal gracias a la Patriot Act. El concepto de privacidad se está redefiniendo y no de manera equitativa. Lo sería si los ciudadanos o las instituciones que los representan tuviesen la posibilidad de controlar y fiscalizar el registro que las empresas e industrias hacen de nosotros. En tercer lugar existe la tendencia a que todo lo que se publique y conecte a la red se indexe en bases de datos. Buscadores como Google hicieron del rastreo e indexación de contenidos uno de los mayores negocios de todos los tiempos. Hoy la empresa llevó esa lógica a un nuevo nivel con FusionTables, el que permite subir una base de datos y analizarla trazando mapas y gráficos de relaciones sobre los datos que, gentilmente, subimos. Existen miles de herramientas tecnológicas de este tipo que operan en su mayoría en datacenters repartidos desigualmente en 91 países, de los cuales EE.UU. aglutina el 40,9 por ciento. Y en cuarto lugar, se encuentra la más ilegal y desconocida de las opciones para acceder a datos supermasivos: el acceso físico a las conexiones de internet. Las revelaciones de Snowden demuestran la escala de recopilación de datos de los servicios de inteligencia. Y esto mueve miles de millones de dólares, un estímulo para que siga ocurriendo. Agencias como la NSA, el FBI y la CIA subcontratan empresas como la Booz Allen Hamilton (donde trabajaba Snowden) que recibió sólo en 2012 unos 1.300 millones de dólares para realizar análisis de datos. Un detalle no menor es que el 60 por ciento de toda la conexión latinoamericana a internet se hace por una sola ciudad: Miami. La Declaración Universal de Derechos Humanos dice en su artículo 12: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. Cómo el mundo va a dar cuenta de ello es una gran incógnita.
* Ex presidente de Amnistía Internacional Argentina y coorganizador de Hacks Hackers Buenos Aires.
http://www.estebanmagnani.com.ar/wp-content/uploads/2013/09/bigdata.pdf |
