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Esta mañana y durante el resto de la tarde hubo jornadas teóricas, prácticas y evaluativas de locución en el auditorio del IES 9-001. Se contó con la presencia de Roberto Fayad, delegado en Mendoza de AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), la docente Alejandra Paolucci del ISER (Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica) y una nutrida concurrencia de aspirantes para obtener la habilitación como locutores profesionales de la región.
La convocatoria de capacitación y evaluación estuvo destinada a todos los departamentos de la Zona Este. Estas actividades están planteadas como requisitos normativos en el marco de la Ley de Servicio Audiovisual.
La habilitación de locutores es un requisito ineludible para los medios de comunicación, ya que deben contar con personal idóneo y comunicar a través de la voz con correcta dicción y énfasis para lectura de información, noticias, publicidad o conducción de programas. En esta tarea se pudo contemplar el profesionalismo de la profesora Paolucci, realizando correcciones y observaciones a cada uno de los integrantes que leían diferentes estilos de gacetillas. Fayad, comentó que nota un avance importante en los aspirantes a oficializar su actividad y obtener su carnet de locutores; además de la buena difusión que ha aportado el Municipio y la excelente predisposición del Instituto, no sólo para habilitar a sus alumnos, como también a un nutrido número de aspirantes de la Zona Este de Mendoza.
Esta capacitación, no es ni más ni menos que federalizar la ley de medios, en pocas palabras: “Territorializar la aplicación de la LEY DE MEDIOS. Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual que establece las pautas que rigen el funcionamiento de los medios radiales y televisivos en la República Argentina. Esta legislación fue promulgada el 10 de octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y reemplazó a la Ley de Radiodifusión 22.285, que había sido promulgada en 1980 por la dictadura militar, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional y se había mantenido vigente desde entonces.
La aplicación de la Ley significa un cambio radical en el sistema público y privado de los medios audiovisuales, abriendo y garantizando la participación de instituciones públicas, organizaciones sociales y la ciudadanía en su conjunto como productores activos de la comunicación social.
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